Una ley puede abrir el conocimiento. El desafío es hacerlo útil.
Chile acaba de publicar la Ley 21.838 sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Su propósito es acercar los resultados de la investigación a la sociedad y a la industria. Es un paso relevante, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto conocimiento valioso existe hoy que no llega a quienes podrían utilizarlo?
En las regiones, esta distancia se vuelve concreta. Una universidad puede estudiar un problema ambiental; una pequeña empresa puede estar intentando resolverlo; un municipio puede necesitar evidencia para decidir. Los tres actores comparten territorio, pero no necesariamente información, lenguaje ni tiempos de trabajo.
Del resultado científico al problema real
La ley reconoce que las instituciones de educación superior deben prestar atención a los desafíos sociales, ambientales y económicos de los territorios donde se encuentran. También promueve la colaboración con empresas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.
Ese enfoque importa porque transferir conocimiento no consiste simplemente en publicar un estudio o entregar una tecnología. Requiere entender quién enfrenta el problema, qué evidencia existe, qué resultado puede aplicarse y bajo qué condiciones. Sin esa traducción, incluso una buena investigación puede quedarse lejos de la decisión que necesita mejorar.
Abrir información no basta
La norma crea un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica, a cargo de ANID, concebido como un espacio público y gratuito. Podrá reunir información sobre proyectos financiados con fondos públicos, publicaciones y datos científicos.
Es una infraestructura prometedora, pero todavía hay una diferencia entre que la información esté disponible y que alguien pueda encontrar en ella una respuesta útil. Un listado de proyectos no muestra por sí solo qué problema territorial aborda cada uno, qué resultados son aplicables o con quién corresponde conversar.
Ahí aparece una tarea para las plataformas de inteligencia: conectar fuentes verificables con necesidades concretas, conservar el contexto y mostrar también las limitaciones de la evidencia. La inteligencia artificial puede ayudar a ordenar y explorar esas relaciones, pero no debería reemplazar la revisión humana ni presentar como solución comprobada lo que todavía es una posibilidad.
La oportunidad regional
La ley también pone atención en las pequeñas y medianas empresas dentro de los procesos de transferencia. Para ellas, el obstáculo no siempre es la falta de innovación: muchas veces es no saber qué conocimiento existe, cómo acceder a él o si sirve para su situación particular.
Imaginemos una herramienta que parta de una necesidad —por ejemplo, mejorar un proceso productivo o enfrentar un cambio ambiental— y permita recorrer la evidencia disponible, los proyectos relacionados, sus responsables y las condiciones para una eventual colaboración. Su valor no estaría en prometer respuestas automáticas, sino en hacer visible un camino que hoy suele estar fragmentado.
La Ley 21.838 abre un marco para que el conocimiento circule. Convertirlo en capacidades, mejores decisiones e impacto territorial exigirá algo más: instituciones dispuestas a colaborar, información confiable y herramientas diseñadas alrededor de problemas reales.
Fuente: Ley 21.838, Diario Oficial, 17 de septiembre de 2026. La ley entrará en vigor el 1 de marzo de 2027; su repositorio y otras materias requieren reglamentación.
